La Audiencia Nacional abre una investigación secreta sobre los pagos en efectivo del PSOE: el juez Ismael Moreno pone el foco en un millón de euros y en la cúpula socialista.

La última hora sobre la investigación de los pagos en efectivo realizados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha sacudido el panorama político nacional.

El juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ha decidido abrir una pieza separada, secreta y confidencial, centrada exclusivamente en el movimiento de fondos en metálico dentro del partido entre los años 2017 y 2024.

La decisión responde a la “gravedad de los hechos” y a la “naturaleza” de la investigación, que apunta a posibles delitos de blanqueo de capitales y financiación ilegal.

La investigación se origina en el Tribunal Supremo, donde un juez alertó sobre la “rareza” de los pagos en efectivo que se realizaban en la sede de Ferraz.

El magistrado consideró que el volumen y el método de las transacciones no solo eran inusuales, sino que podían esconder irregularidades graves.

Por ello, remitió el caso a la Audiencia Nacional para que se investigara a fondo. Ismael Moreno, lejos de eludir la responsabilidad, ha tomado el mando y ha exigido al PSOE el detalle de todos los pagos en metálico realizados en ese periodo, que ascienden a un millón de euros.

El partido tardó 20 días en entregar la información solicitada, finalmente aportando un pen drive con el listado completo de los movimientos.

Ante el contenido recibido, el juez ha decretado el secreto de la investigación: ni las partes ni los investigados tendrán acceso a los detalles, con el objetivo de evitar filtraciones y garantizar la integridad de las pesquisas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil colabora en el análisis de los datos.

La investigación revela que los principales beneficiarios de estos pagos en efectivo son figuras de la máxima relevancia dentro del PSOE: Pedro Sánchez (actual presidente del Gobierno), José Luis Ávalos (exministro de Transportes), Santos Cerdán (exsecretario de organización) y Coldo García (asesor y colaborador cercano).

Los tres primeros han reconocido públicamente haber recibido pagos en metálico por parte del partido, aunque siempre han defendido que se trataba de liquidaciones de gastos debidamente justificadas y contra factura legal.

Pedro Sánchez, en su comparecencia ante la comisión del Senado y en entrevistas radiofónicas, admitió haber recibido pagos en efectivo, aunque insistió en que siempre fueron para liquidar gastos y que estaban respaldados por facturas.

Sin embargo, el número de dirigentes que han reconocido públicamente estos cobros es muy reducido, lo que llama la atención de los investigadores.

Cerdán recibió 21 pagos en metálico desde que asumió la secretaría de organización; Coldo García, sin cargo orgánico, recibió 197.000 euros que, según su testimonio, repartía entre Ávalos y otros miembros de la dirección socialista.

Un dato relevante es que los cuatro protagonistas de los cobros en efectivo —Sánchez, Ávalos, Cerdán y Coldo— forman el núcleo de la llamada “banda del Peyot”, apodo que hace referencia a los viajes compartidos durante las campañas internas del partido.

De estos cuatro, tres han pasado por prisión o están actualmente encarcelados (Cerdán, Ávalos y Coldo), mientras Sánchez es el único que, por ahora, permanece libre de causas judiciales directas.

La coincidencia entre los pagos en efectivo y el paso por prisión de los implicados añade un elemento de sospecha sobre la finalidad real de estos movimientos de dinero.

¿Existe una relación entre el método de pago y las actividades investigadas por la justicia? ¿Se trata solo de liquidaciones de gastos o hay detrás una estructura de financiación ilegal y blanqueo de capitales?

Ante la creciente presión mediática y judicial, Pedro Sánchez ha negado de forma rotunda cualquier caso de financiación irregular dentro del PSOE.

En su balance anual desde el Palacio de la Moncloa, el presidente rechazó la existencia de delitos y comparó la situación con el caso Gürtel del Partido Popular bajo Mariano Rajoy, alegando que “no hay, ni ha habido, ni habrá financiación ilegal en el Partido Socialista”.

Sin embargo, la apertura de la pieza secreta por parte del juez Moreno contradice la versión oficial y mantiene bajo sospecha las cuentas del partido y la gestión de fondos en metálico.

La negativa de Sánchez a contemplar la posibilidad de irregularidades contrasta con la actitud de la Audiencia Nacional, que investiga todos los pagos en efectivo y su posible vinculación con delitos de blanqueo y financiación ilegal.

El juez ha pedido explicaciones sobre el destino de los fondos, la justificación de los gastos y la trazabilidad de las operaciones, especialmente en lo referente a los 800.000 euros cuyo uso no ha sido acreditado.

Las declaraciones de los gerentes y tesoreros del PSOE ante el juez Moreno han dejado patente la falta de control y transparencia en la gestión de los pagos en efectivo.

Los responsables admitieron que el dinero se retiraba del banco mediante furgones blindados, se almacenaba en una caja fuerte en la sede de Ferraz y se distribuía poco a poco entre los dirigentes.

El juez se mostró incrédulo ante la complejidad del sistema y la ausencia de comprobaciones sobre la autenticidad de los gastos.

“No hay ingresos por donaciones”, admitió el gerente, “todo se hacía para dotar la caja del partido”.

Sin embargo, la explicación resultó tautológica y poco convincente: ¿para qué se necesitaban realmente esas cantidades en efectivo? ¿Por qué se pedían partidas de decenas de miles de euros cuando apenas se justificaban unos pocos miles en gastos? El juez busca ahora cuadrar las cuentas y determinar si el pen drive entregado por el PSOE refleja la realidad de los movimientos financieros.

La pieza secreta abierta por la Audiencia Nacional puede desembocar en varios escenarios: desde el archivo del caso si se demuestra que no hay delito, hasta la imputación por blanqueo de capitales o financiación ilegal del partido.

El manejo de un millón de euros en efectivo, la falta de controles y la implicación de la cúpula socialista sitúan al PSOE ante uno de los mayores retos judiciales de su historia reciente.

Por ahora, la investigación avanza en secreto, con la UCO y el juez Moreno analizando cada movimiento y cada justificante.

El resultado puede marcar un antes y un después en la política española, especialmente si se confirman las sospechas sobre la financiación del partido y el uso de dinero negro para sufragar campañas y gastos internos.

La decisión de la Audiencia Nacional de investigar en profundidad los pagos en efectivo del PSOE refleja la gravedad de la situación y la necesidad de esclarecer la gestión financiera de los partidos políticos en España.

La opacidad, la falta de control y la implicación de los máximos dirigentes sitúan al partido en el centro de la polémica y alimentan la desconfianza ciudadana.

Mientras el juez Moreno y la UCO avanzan en sus pesquisas, el país observa con atención el desenlace de una investigación que puede tener consecuencias históricas.

El PSOE, por su parte, enfrenta el reto de demostrar la legalidad de sus operaciones y recuperar la confianza perdida.

La sombra de la financiación ilegal y el blanqueo de capitales planea sobre Ferraz, y el silencio de los implicados solo añade incertidumbre a una crisis que está lejos de resolverse.