Bombazo informativo: reunión secreta entre Vox, altos mandos de la Guardia Civil y la UCO vinculada al entorno de Ayuso para una presunta ofensiva judicial.

Esta es la grave denuncia que ha sacudido la actualidad política en España tras salir a la luz en el marco de la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados.

Las declaraciones realizadas bajo sede parlamentaria han reavivado el debate sobre el uso partidista de determinadas estructuras del Estado y la posible existencia de estrategias coordinadas al margen de los cauces institucionales habituales.

Nuevo impacto informativo en La Hora de La 1. La periodista Silvia Intxaurrondo abrió su programa con una información de alto voltaje político que ha reactivado el foco mediático sobre el Partido Socialista.

Acompañada en la mesa de análisis por Mateo Balín e Inma Frigenti, el espacio abordó la denuncia realizada por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados.

En la España contemporánea, la política y la justicia parecen vivir en un permanente estado de colisión.

El caso de Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE y figura clave en la arquitectura política de Pedro Sánchez, es un ejemplo paradigmático de cómo las investigaciones judiciales, los presuntos casos de corrupción y las estrategias de defensa se entrecruzan en el espacio público, poniendo a prueba no solo la credibilidad de los partidos, sino también la fortaleza y el sentido de las instituciones democráticas.

La última comparecencia de Santos Cerdán en el Senado, lejos de ser un trámite más en la vida política española, se ha convertido en un espectáculo mediático donde se mezclan acusaciones, estrategias de defensa, reproches internos y el despliegue de todo el arsenal argumentativo que acompaña a quien se siente acorralado por la justicia y la opinión pública

. Cerdán, con su abogado presente y una bancada socialista semivacía, se enfrentó a las preguntas de los senadores de Vox, PP y PSOE, en una sesión marcada por la tensión, la soledad del compareciente y la sensación de que el Senado se había transformado, una vez más, en escenario de un gran teatro político.

La comparecencia estuvo marcada desde el principio por la referencia a una supuesta reunión celebrada el 2 de abril de 2021 en un cigarral de Toledo propiedad de Ortega Smith, dirigente de Vox.

Santos Cerdán situó en ese encuentro el origen de lo que considera un complot en su contra, en el que habrían participado altos mandos de la Guardia Civil, miembros de Vox y figuras vinculadas a la extrema derecha.

La reunión, documentada en el libro del periodista Miguel González, ha sido reconocida por algunos de los asistentes y, según la versión de Cerdán, habría desencadenado una ofensiva judicial y mediática que culminó con la interposición de una querella por parte de Vox contra el entonces ministro Grande-Marlasca, argumentando desviación de poder en el cese de Pérez de los Cobos.

Este relato, que mezcla hechos comprobados con interpretaciones personales, es la piedra angular de la estrategia de defensa de Santos Cerdán.

El socialista insiste en que, tras ese encuentro, se puso en marcha una maquinaria destinada a desacreditarle, utilizando como palanca las investigaciones sobre el caso Mascarillas, la empresa Servinabar y una serie de pagos y contratos que, según la UCO, apuntan a presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.

La defensa de Cerdán se apoya en la idea de que todo responde a una conspiración política y policial, en la que sectores de la Guardia Civil y la oposición se habrían aliado para destruir la carrera de uno de los hombres más cercanos a Pedro Sánchez.

Sin embargo, el argumento del complot, aunque pueda resultar verosímil para parte del electorado socialista y del propio entorno de Sánchez, se enfrenta a la realidad de los hechos y a la contundencia de los informes policiales.

El último informe de la UCO, fechado en noviembre, detalla pagos por valor de 181.000 euros a familiares y allegados de Cerdán, el uso de tarjetas de crédito vinculadas a Servinabar, alquileres de viviendas pagados por la empresa y una serie de indicios que, según el juez, justifican la investigación y la imputación provisional del dirigente socialista.

La defensa, hasta ahora, no ha rebatido punto por punto las acusaciones, limitándose a insistir en la tesis del complot y en la presunta colaboración de Coldo, confidente de la Guardia Civil, en la generación de pruebas incriminatorias.

El debate sobre la comparecencia de Cerdán trasciende el caso concreto y pone sobre la mesa cuestiones de fondo sobre el funcionamiento de las instituciones y la calidad de la democracia española.

Por un lado, está la utilización de las comisiones parlamentarias como escenario de confrontación política y mediática, donde las preguntas se convierten en munición y las respuestas en evasivas cuidadosamente calculadas.

Por otro, la tendencia a convertir las investigaciones judiciales en argumentos de defensa partidista, donde todo puede ser interpretado como persecución política y ningún hecho parece suficiente para desmontar la narrativa del acoso.

La soledad de Santos Cerdán en el Senado es, en este sentido, simbólica.

El dirigente socialista llegó solo, acompañado únicamente de su abogado, y se encontró con una bancada de su partido prácticamente vacía.

Los senadores del PSOE llegaron a última hora, evitando el saludo y el apoyo explícito, mientras los del PP fotografiaban los bancos vacíos, subrayando el aislamiento del compareciente.

La escena fue interpretada por muchos como el final de una etapa, el momento en que el partido deja de arropar a quien ha caído en desgracia y se prepara para el relevo inevitable.

La sesión estuvo marcada por reproches personales, defensas familiares y acusaciones cruzadas.

Cerdán defendió la inocencia de su esposa y de Leire Díez, exigió respeto y reclamó la presunción de inocencia que, según él, no le han concedido ni sus compañeros de partido ni la opinión pública.

Respondió con evasivas a las preguntas sobre los pagos, los contratos y el uso de tarjetas, y se aferró al argumento del complot como única salida posible.

La estrategia es clara: si consigue convencer a una parte suficiente del electorado y del partido de que todo responde a una persecución política, podrá mantener su posición hasta que la instrucción judicial avance y se clarifiquen los hechos.

Pero la realidad es tozuda. Los informes de la UCO, los indicios acumulados y las investigaciones abiertas en el Supremo y en Plaza de Castilla dibujan un horizonte procesal complicado para Santos Cerdán.

Está investigado por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, y tiene pendiente una querella por falso testimonio, además de su próxima declaración como testigo en otra causa relacionada con la gestión pública.

La acumulación de causas y la gravedad de las acusaciones hacen difícil sostener la narrativa del complot sin ofrecer explicaciones convincentes sobre los hechos concretos.

En este contexto, el papel de las instituciones es fundamental. El Senado, el Congreso y las comisiones de investigación deben ser espacios de transparencia, rendición de cuentas y respeto a la legalidad.

La tentación de convertirlos en escenarios de espectáculo político, donde la estrategia es eludir las preguntas y convertir la comparecencia en un show mediático, amenaza la credibilidad de la democracia y la confianza de los ciudadanos en sus representantes.

La comparación con los modelos anglosajones, donde las comisiones tienen poder legal y los comparecientes están obligados a decir la verdad bajo pena de perjurio, pone de manifiesto las carencias del sistema español y la necesidad de reforzar las instituciones para evitar su devaluación.

El caso de Santos Cerdán es también una advertencia para el conjunto de la clase política.

La gestión de la presunta corrupción, la defensa de la presunción de inocencia y la capacidad para ofrecer explicaciones convincentes son elementos clave para mantener la confianza pública y evitar el descrédito institucional.

La tendencia a interpretar cualquier investigación como persecución política, la falta de autocrítica y la ausencia de explicaciones sobre los hechos concretos alimentan la desconfianza y el desencanto ciudadano.

En última instancia, la comparecencia de Santos Cerdán es el reflejo de una política en crisis, donde las instituciones se ven sometidas a la presión de los intereses partidistas y la justicia se convierte en campo de batalla.

La defensa del estado de derecho, la exigencia de responsabilidad y la apuesta por la transparencia son más necesarias que nunca para recuperar la confianza y garantizar el buen funcionamiento de la democracia.

El reto es grande, pero imprescindible: hacer que las instituciones sean respetadas, que las comisiones de investigación sirvan para esclarecer los hechos y que los representantes públicos respondan con honestidad y responsabilidad ante las preguntas de los ciudadanos.

La historia de Santos Cerdán, con sus luces y sombras, es una advertencia sobre los riesgos de la politización de la justicia y la judicialización de la política.

Es también una llamada a la reflexión sobre el papel de las instituciones y la necesidad de reforzar su independencia y credibilidad. Solo así será posible superar la crisis de confianza y avanzar hacia una democracia más sólida, transparente y respetada por todos.