Investigación, cronología y análisis político-jurídico del caso que sacude a la Comunidad Valenciana
Durante meses, la instrucción judicial sobre la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana avanzó con una pregunta central que nadie lograba responder con claridad:
¿dónde estaba exactamente Carlos Mazón en las horas decisivas en las que comenzó a morir la gente?
Hoy, una cadena de mensajes de WhatsApp incorporados a la causa ha cambiado por completo el escenario. No son opiniones. No son interpretaciones. Son marcas horarias, advertencias explícitas, peticiones de auxilio y órdenes que nunca llegaron a ejecutarse.
Y lo que revelan es demoledor.
CRONOLOGÍA CLAVE: CUANDO YA SE SABÍA QUE HABÍA MUERTOS
A las 13:30 del mediodía, la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, informa directamente al presidente de la Generalitat de la alerta hidrológica en el Barranco del Pollo y el río Magro.
No era una previsión genérica. Era una alerta activa.
Durante la tarde, los mensajes se acumulan:
Rescates en marcha.
Personas aisladas.
Desbordamientos.
Carreteras cortadas.
Crecidas incontrolables.
A las 16:28, se confirma el primer fallecido en Utiel.
Y pese a todo eso, Carlos Mazón no aparece en el centro de coordinación (CECOPI) hasta las 20:28.
Más de cuatro horas después de que ya hubiera muertos confirmados.
EL MENSAJE QUE LO CAMBIA TODO: “DE CONFINAR, NADA”
La pieza clave que ahora estudia la jueza de Catarroja es un mensaje del jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, dirigido a la consellera:
“Salo, de confinar nada, por favor, calma”.
Este mensaje se produce cuando ya existían desbordamientos por toda la provincia.
Pradas responde que sí tiene capacidad legal para ordenar confinamientos en virtud de la Ley de Emergencias.
La respuesta que recibe es devastadora desde el punto de vista jurídico:
“Eso lo tiene que decretar la delegada del Gobierno”.
En ese intercambio se dibuja con claridad lo que muchos juristas ya señalan: una cadena de mando rota, decisiones bloqueadas por quien no tenía competencias legales, y una responsable política esperando una autorización que nunca debía necesitar.
UNA GESTIÓN EN MANOS DE QUIEN NO TENÍA MANDO
El relato judicial que empieza a emerger describe una escena insólita:
La autoridad competente, paralizada.
El jefe de gabinete, dando órdenes sin competencias.
El presidente, ausente durante las horas críticas.
La jueza trata ahora de determinar si esta secuencia encaja en figuras penales como:
Omisión del deber de socorro
Denegación de auxilio
Invasión de competencias
Incluso, potencialmente, homicidio imprudente por omisión, algo que solo podría establecerse tras una investigación exhaustiva.
LA COMIDA QUE YA FORMA PARTE DE LA CAUSA
Uno de los elementos más polémicos del sumario es que, durante buena parte de esas horas críticas, Carlos Mazón se encontraba en una comida privada en el restaurante El Ventorro, en compañía de una periodista.
No se juzga aquí la naturaleza del encuentro desde un punto de vista personal, sino el hecho objetivo de su ausencia institucional cuando:
Ya había alertas activas.
Ya había víctimas confirmadas.
Ya había peticiones urgentes de medidas extraordinarias.
A las 19:00, según los mensajes, se esperaba su llegada al CECOPI.
A esa hora, aún seguía ausente.
No llegó hasta una hora y media después.
IMÁGENES, LLEGADA TARDÍA Y DESORIENTACIÓN
Cuando finalmente aparece en las imágenes a las 20:28, ocurre algo aún más inquietante:
no sabe ni siquiera en qué edificio exacto se está reuniendo el equipo de emergencias.
Tiene que escribir por WhatsApp para preguntar:
“¿Estáis en el de la derecha o en el de la izquierda?”
Un detalle menor en apariencia, pero gravísimo en contexto:
el presidente llega tarde… y llega desorientado.
EL AFOREAMIENTO: EL ÚLTIMO ESCUDO
Uno de los elementos que más tensión política ha generado es que Carlos Mazón sigue siendo diputado autonómico, lo que le otorga condición de aforado.
Esto implica que, si la jueza considera que existen indicios penales suficientes, la causa debería elevarse a un tribunal superior, ralentizando el proceso y elevando su complejidad política.
Para la oposición, este blindaje institucional se ha convertido en un escudo estratégico que impide que Mazón declare como cualquier ciudadano.
COMPROMÍS: “ESTO YA NO ES SOLO POLÍTICO, ES PENAL”
Joan Baldoví, portavoz de Compromís, fue muy claro tras conocer los mensajes:
“Sabían que había peligro, sabían que había muertos y, aun así, no hicieron nada. Esto no es solo una irresponsabilidad política. Esto puede tener consecuencias penales por omisión.”
Baldoví también denunció que, pese a todo, Mazón:
Ha solicitado el estatuto de expresidente.
Dispone de chofer, despacho y asesores.
Ha sido incluso ascendido dentro de las Cortes.
Un contraste que ha generado una enorme indignación social.
TRES NOMBRES, TRES FALLOS CLAVE
Los analistas coinciden en señalar tres figuras centrales en esta crisis:
El resultado, según los propios mensajes:
parálisis, confusión, retrasos fatales.
229 VÍCTIMAS Y UNA INSTRUCCIÓN QUE NO SE DETIENE
La cifra de víctimas mortales se eleva ya a 229 personas.
Cada una de ellas es ahora el eje central de una causa judicial que no busca culpables políticos, sino responsabilidades penales concretas.
La jueza ha dejado claro desde el primer momento que:
No se está investigando “un desastre natural”.
Se está investigando una posible mala gestión de una emergencia conocida.
UNA CADENA DE MANDO QUE SE DESMORONA
Uno de los elementos más preocupantes para los juristas es que los mensajes revelan algo que rompe todos los protocolos:
Quien no tenía mando, ordenaba.
Quien sí tenía mando, dudaba.
Quien debía liderar, no estaba.
Este tipo de disfunción es exactamente el tipo de escenario que el Derecho Penal analiza cuando estudia responsabilidades por omisión en situaciones de emergencia.
EL IMPACTO POLÍTICO: UN PRESIDENTE HERIDO
Desde que estos mensajes salieron a la luz:
La posición de Mazón se ha debilitado gravemente.
Su propio partido guarda un silencio tenso.
La oposición pide ya su dimisión inmediata.
La calle empieza a hablar no solo de error, sino de negligencia grave.
LO QUE VIENE AHORA
La investigación entra ahora en una fase crítica:
Análisis forense completo de los dispositivos.
Declaraciones clave pendientes.
Cruce de llamadas, ubicaciones y tiempos reales.
Potencial elevación de la causa por aforamiento.
El caso ya no es solo político.
Es judicial, institucional y de enorme impacto constitucional
CONCLUSIÓN: CUANDO EL PODER SE QUEDA SIN RELOJ
La DANA dejó muerte y destrucción.
Pero ahora también está dejando algo más profundo:
una radiografía brutal de cómo puede fallar un sistema entero en su momento más decisivo.
No por falta de información.
No por falta de alertas.
Sino por ausencias, bloqueos, cálculos políticos y decisiones que nunca llegaron a tiempo.
Y eso, para un juzgado, tiene un nombre muy concreto:
responsabilidad.
