El 29 de octubre de 2024, la Comunidad Valenciana vivió uno de los episodios meteorológicos más graves de la última década. La Dana provocó inundaciones, cortes de carreteras y puso en riesgo a miles de ciudadanos.

Mientras la población luchaba contra la emergencia, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se encontraba en una prolongada reunión en el restaurante Ventorro junto a la periodista Maribel Vilaplana, situación que ha generado una polémica de enorme repercusión política y mediática.

José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, declaró ante la jueza que él mismo organizó la comida en un reservado del Ventorro, con baño propio y cerrado con cerrojo, donde permanecieron más de cuatro horas.

Según su testimonio, a las 17:00 horas le informó a Mazón sobre la gravedad de la situación en Utiel, pero Mazón decidió continuar con la sobremesa hasta cerca de las 20:00 horas, lo que ha sido calificado por expertos como una negligencia grave.

El propietario del Ventorro confirmó que Mazón y Vilaplana fueron prácticamente los últimos en salir del restaurante. Envió a sus empleados a casa a las 18:10 horas, mientras ellos permanecieron en el reservado hasta las 18:30 o incluso 19:00 horas, según su testimonio.

El espacio, de aproximadamente 18 metros cuadrados, garantizaba total privacidad, lo que ha levantado dudas sobre la naturaleza de la reunión y la transparencia de las comunicaciones.

Además, Cuenca reconoció que había borrado mensajes de su teléfono móvil relativos al día de la Dana y que había cambiado de dispositivo sin conservar copia de seguridad, dificultando la investigación judicial.

Esta eliminación de mensajes plantea serias dudas sobre la rendición de cuentas y la posible ocultación de información relevante durante la crisis.

Medios como Levante han citado fuentes del Partido Popular que aseguran que Vilaplana acompañó a Mazón en su vehículo hasta el Palau de la Generalitat alrededor de las 20:00 horas, contradiciendo su declaración anterior ante la jueza, en la que afirmaba que se habían separado en la entrada del parking. Este hecho ha generado un intenso debate sobre la veracidad de los testimonios y la posible implicación en el encubrimiento de información crítica.

El contexto de la situación es especialmente relevante: la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había emitido una alerta roja a las 07:35 horas, advirtiendo del riesgo grave para la población. Miles de ciudadanos estaban en peligro debido a las lluvias torrenciales y las inundaciones.

Sin embargo, Mazón ignoró las llamadas de la consellera de emergencias y permaneció en el Ventorro mientras la crisis se desarrollaba, actitud que ha sido calificada por expertos en gestión de emergencias como una negligencia inaceptable.

Los analistas legales señalan que la falta de rendición de cuentas obliga a la justicia a reconstruir minuciosamente los pasos de Mazón y su equipo durante las horas críticas.

La investigación analiza tickets, fotografías, declaraciones de testigos y cualquier evidencia digital disponible, especialmente considerando los mensajes borrados y el cambio de móvil de Cuenca, elementos que podrían obstaculizar la investigación sobre la actuación de la Generalitat durante la Dana.

La sobremesa prolongada, la ubicación privada y el aislamiento en el reservado, sumados al aviso de emergencia ignorado, generan una combinación de factores que socavan la confianza pública.

La ciudadanía, los medios de comunicación y la oposición política exigen explicaciones claras sobre qué hizo Mazón durante esas horas decisivas y por qué se mantuvo inactivo mientras su territorio enfrentaba un riesgo mortal.

El caso ha desatado un intenso debate sobre la ética política, la responsabilidad de los cargos públicos y la preparación de la administración frente a desastres naturales.

Cada detalle de la reunión en el Ventorro, desde la duración hasta la disposición del reservado, se analiza minuciosamente para determinar posibles fallos en la gestión y responsabilidades penales o administrativas.

Además, la prensa ha subrayado que el costo de la comida, que ascendió a 165 euros a cargo del Partido Popular, representa una preocupación ética sobre el uso de recursos públicos en medio de una emergencia nacional.

Ningún trabajador o funcionario podría permitirse una sobremesa de cinco horas en circunstancias normales; mucho menos un presidente de comunidad autónoma durante un desastre natural.

La investigación judicial continúa desvelando cada paso de Mazón, utilizando análisis pericial, revisión de comunicaciones y cotejo de testimonios. La sociedad espera claridad y justicia mientras se reconstruye la gestión del 29 de octubre, evaluando responsabilidades políticas, administrativas y éticas.

Cada nuevo dato, desde la ubicación exacta de la reunión hasta la duración de la sobremesa, se estudia con lupa para determinar si existió una negligencia consciente o un error de juicio imperdonable.

El caso ha generado repercusiones políticas inmediatas. La oposición ha exigido la dimisión de Mazón o, al menos, una explicación detallada de su comportamiento durante la crisis.

La ciudadanía ha expresado indignación ante la percepción de impunidad y la falta de responsabilidad de los cargos públicos en situaciones de riesgo extremo. Las redes sociales y los medios de comunicación han amplificado cada declaración y cada nuevo descubrimiento, creando un clima de tensión constante alrededor del caso.

El hecho de que Mazón ignorara la alerta roja emitida por la AEMET, junto con la eliminación de mensajes y el cambio de teléfono de su jefe de gabinete, plantea cuestiones serias sobre transparencia y responsabilidad administrativa.

Especialistas en gestión de emergencias destacan que la coordinación y la comunicación rápida son esenciales en estas situaciones, y la falta de acción puede tener consecuencias dramáticas para la población.

Por otra parte, la declaración de Cuenca también revela la presión interna dentro del equipo de Mazón. Según su testimonio, se evaluó la posibilidad de desplazarse a Utiel, pero las condiciones de las carreteras impidieron la acción inmediata.

Sin embargo, la decisión de permanecer en el Ventorro y prolongar la sobremesa se percibe como una falta de priorización de la seguridad ciudadana sobre intereses personales o institucionales.

La investigación también busca esclarecer la relación entre Mazón y Vilaplana durante la reunión, dado el nivel de privacidad del reservado. La preocupación radica en determinar si la privacidad permitió acciones o decisiones que no fueron comunicadas a las autoridades competentes, y si ello afectó la gestión de la crisis de la Dana.

El análisis de los documentos, testimonios y evidencias fotográficas continuará siendo fundamental para establecer una cronología precisa de los hechos. Se espera que los resultados finales de la investigación ofrezcan una visión completa de la conducta de Mazón y su equipo, así como de las medidas que fueron tomadas o no tomadas durante las horas críticas del 29 de octubre de 2024.

En conclusión, los hechos del 29 de octubre evidencian negligencia, mala comunicación y posibles irregularidades en la gestión de la crisis de la Dana. La prolongada reunión en el Ventorro, los mensajes borrados, el cambio de móvil y la falta de reacción ante alertas críticas representan un caso sin precedentes en la política valenciana, que la justicia y la opinión pública observan con atención.

La claridad y la rendición de cuentas son esenciales para restaurar la confianza en las instituciones y para que situaciones de este tipo no vuelvan a repetirse.

Este caso también ha puesto de manifiesto la importancia de protocolos claros de emergencia y la necesidad de que los cargos públicos actúen con diligencia y transparencia en momentos críticos.

La sociedad valenciana, así como los medios de comunicación, seguirán vigilando de cerca cada paso de la investigación y las posibles consecuencias legales y políticas que se deriven de los actos de Mazón y su equipo durante la Dana.

En última instancia, la investigación judicial del 29 de octubre de 2024 no solo busca asignar responsabilidades individuales, sino también establecer lecciones de gestión y ética pública que puedan prevenir futuras negligencias durante emergencias de gran magnitud.

Cada detalle, desde la duración de la sobremesa hasta la eliminación de comunicaciones digitales, será analizado para garantizar que la justicia y la verdad prevalezcan, y para que la administración pública recupere la confianza de los ciudadanos a los que sirve.