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El jaquemate que vuelve desde el pasado: la sombra del protocolo 7291 y el exalto cargo que amenaza con romper el silencio”
En Madrid, cada cierto tiempo, el pasado regresa con un ruido que no se puede silenciar. A veces vuelve en forma de documento olvidado, otras, en forma de testigo que finalmente decide hablar.
Y en este caso, aparece de nuevo a través de tres nombres que formaron parte de la estructura más delicada del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante los días más oscuros de la pandemia: Carlos Mur, Pablo Busque y Javier Martínez.
Todos ellos citados por los juzgados y, de acuerdo con fuentes jurídicas, “dispuestos a explicar lo que antes callaron”.
Se trata de una reapertura que Madrid creía enterrada. Pero el caso de las residencias nunca llegó a desaparecer del todo; simplemente quedó en suspenso, archivado en carpetas que ahora vuelven a abrirse impulsadas por acusaciones que no se han logrado disipar: el famoso “protocolo de exclusión hospitalaria”, conocido ya por muchos como “el Protocolo de la Vergüenza”, un documento que presuntamente negó la derivación hospitalaria a 7.291 ancianos durante los días más duros del Covid-19.
Hoy, ese capítulo vuelve a escena. Y vuelve acompañado de algo que no existía en 2020: un exalto cargo dispuesto a “tirar de la manta”.
La pregunta que nadie pudo responder entonces
Jesús Cintora, en una mesa televisiva cargada de tensión, lo formuló sin rodeos:
“¿Firmó Carlos Mur ese protocolo por iniciativa propia… o por orden de arriba?”
La pregunta se convirtió en una grieta. Y por esa grieta, cuatro años después, empieza a entrar luz.
Un exconsejero del propio Gobierno de Ayuso —presente en aquella conversación televisiva— deslizó lo que ahora se investiga formalmente:
“Me cuesta creer que una orden de ese calibre la tome un director general por su cuenta.”
La duda es clave porque separa dos escenarios totalmente distintos:
Un funcionario que actuó por error propio.
Una política estructural decidida desde instancias superiores.
Si resulta ser lo segundo, el impacto político sería devastador.
Los 7.291 muertos: cifra, fantasma y herida abierta
La cifra, repetida durante años, sigue generando escalofríos: 7.291 mayores fallecidos sin ser trasladados a hospitales.
Ningún otro dato de la pandemia en España tiene tal carga simbólica.
Pero hay algo aún más inquietante: nunca se logró saber cuántos de ellos habrían sobrevivido con atención hospitalaria.
Esa pregunta permanece sin respuesta.
Los familiares, sin embargo, no han olvidado. Para muchos, el protocolo supuso una sentencia previa al colapso sanitario. Para otros, fue una decisión clínica tomada en un escenario de guerra. Y para el sector político madrileño, se convirtió en una herida que jamás llegó a cerrar.
Ahora, con la imputación de los tres ex altos cargos, la herida vuelve a abrirse.
Los imputados: perfiles, silencios y lo que podrían revelar
1. Carlos Mur – El nombre más conocido
Exdirector general de Coordinación Sociosanitaria. Firmante del protocolo más controvertido de la pandemia.
Tras su cese, marchó a trabajar como “simple psiquiatra” en Andorra.
Para algunos, un retiro.
Para otros, un destierro.
Mur es la figura clave:
firmó,
ejecutó,
defendió,
cayó,
silenció.
Hasta ahora.
2. Pablo Busque
Menos mediático, pero con una posición estratégica en la cadena de mando. Fuentes del caso creen que podría ser el primero en colaborar.
3. Javier Martínez
Responsable de coordinación operativa entre residencias y administración.
Quien más comunicación tuvo con los centros geriátricos durante el colapso de marzo–abril de 2020.
Los tres han sido citados como investigados.
Y la atmósfera huele a que alguno está dispuesto a hablar más de lo que habló en aquellos días.
![RS Interview] Javier Martínez: "Maldigo totalmente a los que van a darme bola después de que me muera" - Rolling Stone en Español](https://es.rollingstone.com/wp-content/uploads/2024/05/JAVIER-MARTiNEZ-APERTURA.jpg)
El paralelismo que inquieta: Torrejón hoy, Madrid 2020 ayer
Mientras el caso de las residencias se reactiva, en Torrejón de Ardoz estalla otro escándalo sanitario:
supuesta reutilización de material médico,
restos biológicos hallados en camas,
presuntas presiones internas,
y acusaciones sobre listas de espera alteradas por intereses políticos.
Para muchos analistas, lo que ocurre en Torrejón es una “fotocopia tardía” de aquello que Madrid vivió en la pandemia: sombras, contradicciones y silencios institucionales.
La Fiscalía aún no ha intervenido formalmente, algo que ha sorprendido incluso a voces moderadas.
El argumento de la defensa: “Todos los hospitales cerraban puertas”
Los defensores de la Comunidad de Madrid repiten el mismo mensaje:
“No hubo negligencia política: hubo colapso sanitario global.”
Recuerdan que en marzo de 2020:
faltaban médicos,
faltaba material,
faltaban camas,
y los hospitales de toda España estaban saturados.
Pero hay un detalle que diferencia a Madrid de otras regiones:
Madrid fue la única comunidad que redactó por escrito un protocolo que desaconsejaba el traslado hospitalario de mayores dependientes.
Ese documento es hoy la prueba más incendiaria.
El protocolo: lo que decía … y lo que implicaba
El “Protocolo de Coordinación Sociosanitaria” establecía, entre otras cosas:
que mayores con alto nivel de dependencia no debían ser derivados a hospitales,
que se priorizara la atención en el propio centro residencial,
y que solo determinados perfiles clínicos recibirían traslado.
La parte más polémica no es la recomendación médica…
sino la sospecha de que la motivación no fue clínica, sino económica y logística, una forma de “desechar pacientes”, según denuncian asociaciones de familiares.
La línea que conecta decisiones políticas y consecuencias mortales
El exgerente que habló recientemente reavivó el caso con su frase más dura:
“Ese protocolo condenó a morir a 7.291 ancianos.”
Palabras graves, que explican por qué los juzgados han decidido tirar del hilo.
La cuestión legal ahora es:
¿Hubo discriminación sanitaria por edad o dependencia?
Si se demuestra, sería uno de los mayores escándalos sanitarios de la historia reciente de España.
Las rencillas internas: lo que nunca se contó públicamente
Fuentes del entorno sanitario aseguran que dentro del Gobierno madrileño hubo luchas internas, desacuerdo sobre los criterios sanitarios y discusiones sobre cómo manejar la presión mediática.
Algunos cargos querían rectificar el protocolo.
Otros, endurecerlo.
Otros, negarlo.
Finalmente, se impuso el silencio administrativo.
Pero ahora, con tres investigados y uno dispuesto a romper la disciplina interna, el equilibrio se quiebra.
El miedo político: ¿hasta dónde puede llegar la investigación?
Si alguno de los imputados declara que el protocolo fue ordenado desde arriba, la cadena de responsabilidad podría ascender hasta:
el consejero de Sanidad de 2020,
altos mandos de la Comunidad,
y eventualmente, la propia presidenta.
Esto explicaría por qué desde algunos sectores se percibe un nerviosismo creciente.
La opinión pública: entre la compasión y el hartazgo
Para una parte de la población, este caso es un recordatorio doloroso.
Para otra, es una batalla política interminable.
Y para las familias de las víctimas, es un asunto pendiente que nunca llegó a resolverse.
La sensación general es que Madrid no ha cerrado el duelo.
Lo que viene: comparecencias, presiones, filtraciones y un posible “jaquemate”
La próxima semana será decisiva.
Los tres ex altos cargos declararán ante los jueces.
Se esperan filtraciones.
Se esperan maniobras políticas.
Se esperan movimientos desde la oposición.
Y, sobre todo, se espera que alguno de ellos cuente lo que calló durante cuatro años.
Si eso ocurre, Madrid podría enfrentar su mayor crisis sanitaria, moral y política desde la pandemia.
Porque hay silencios que solo pueden durar hasta que una persona, la persona adecuada, decida romperlos.
Y esa persona podría estar a punto de hacerlo.
