EL AUDIO QUE HUNDE A MONCLOA: GRABACIONES AVALAN QUE SÁNCHEZ REVELÓ A ÁBALOS EL SECRETO DE LA UCO.

Las grabaciones de Coldo y Cerdán: el caso que sacude a Sánchez y pone en jaque al Gobierno.

Madrid, diciembre de 2025. El caso Coldo sigue acaparando titulares y desatando una tormenta política en España.

Las recientes filtraciones de grabaciones entre Coldo García, exasesor del PSOE, y Santos Cerdán, secretario de Organización del partido, han abierto una nueva grieta en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al revelar presuntas confesiones sobre el secreto de la investigación de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) en la trama de las mascarillas.

Los audios, según fuentes judiciales y policiales, avalarían que Sánchez reveló a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, información reservada sobre el avance de la investigación, lo que podría constituir un delito de revelación de secretos.

La gravedad del asunto se multiplica si se tiene en cuenta que Ábalos, en declaraciones públicas y ante los medios, ha señalado directamente al presidente del Gobierno, acusándolo de haberle transmitido datos confidenciales.

En cualquier democracia, una acusación de esta magnitud debería desencadenar una reacción inmediata: una denuncia por calumnias o injurias si la acusación fuera falsa, o una investigación formal si existieran indicios.

Sin embargo, la respuesta institucional ha sido tibia. Vox ha presentado una querella por revelación de secretos contra Sánchez, a la espera de que el Tribunal Supremo decida si la admite a trámite.

El contexto judicial y político es especialmente tenso. La fiscal general del Estado, recién nombrada tras la dimisión de Álvaro García Ortiz, se enfrenta al reto de demostrar su independencia y credibilidad, y este caso supone una prueba de fuego para su mandato.

La presión mediática y política es evidente: si la Fiscalía no actúa de oficio, quedará bajo sospecha de connivencia con el poder ejecutivo.

Las grabaciones, recopiladas por la UCO, no son meras declaraciones sino indicios documentales de que Sánchez pudo haber cometido un delito.

Según los investigadores, la cadena de información habría comenzado en el Ministerio del Interior, con Fernando Grande-Marlaska, y habría llegado hasta el propio presidente, quien habría advertido a Ábalos de la investigación para que tomara precauciones.

Esta secuencia, de confirmarse, implicaría una grave vulneración de la separación de poderes y del funcionamiento independiente de la Guardia Civil.

La trama se complica por el papel de Coldo García, convertido en la “caja negra” del PSOE y del Gobierno.

Coldo, que lleva años grabando conversaciones y almacenando mensajes y notas de voz, podría tener en su poder pruebas comprometedoras que afectan no solo a Sánchez, sino también a otros altos cargos del partido y del gobierno, incluido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Su estrategia parece orientada a negociar una reducción de condena a cambio de información relevante, en un contexto donde la Fiscalía Anticorrupción solicita hasta 20 años de prisión solo por la trama de las mascarillas.

La comisión de investigación del caso Coldo en el Senado se ha convertido en el epicentro del debate político.

Sánchez, llamado a declarar nuevamente, se enfrenta a la posibilidad de que el Partido Popular le cuestione directamente sobre las grabaciones y sobre su nivel de conocimiento e implicación en la trama.

Las respuestas del presidente hasta ahora han sido evasivas, recurriendo a la falta de memoria o a la ausencia de constancia documental, pero los audios y los testimonios de Coldo y Ábalos podrían ponerle contra las cuerdas.

El caso no solo afecta a la imagen del presidente, sino que pone en cuestión la transparencia y la limpieza institucional del gobierno.

Las sospechas de “chivatazo” y de filtración de información reservada a personas investigadas por corrupción son de una gravedad extraordinaria.

La opinión pública observa con inquietud cómo los mecanismos de control y rendición de cuentas parecen estar en suspenso, mientras los protagonistas del escándalo se reparten acusaciones y buscan protegerse mediante pactos y negociaciones judiciales.

El debate sobre la independencia de la UCO y de las fuerzas de seguridad del Estado se ha reavivado, con sectores del PSOE defendiendo la autonomía de la investigación y la oposición denunciando presiones políticas y maniobras para proteger a los altos cargos.

La posibilidad de que Sánchez conozca el contenido de las investigaciones antes de que se hagan públicas, y de que utilice esa información para advertir a los implicados, erosiona la confianza en el sistema democrático y en la igualdad ante la ley.

La figura de Coldo García, que durante años ha sido un operador discreto pero influyente en los círculos del poder socialista, emerge ahora como el testigo clave de una trama que puede marcar el futuro político de Pedro Sánchez.

Sus grabaciones, si llegan a hacerse públicas, podrían desvelar el alcance real de las conexiones entre el Gobierno y las redes de corrupción que han operado en la sombra durante la pandemia y más allá.

La Fiscalía, los jueces y el Parlamento tienen ante sí el reto de esclarecer los hechos y de garantizar que la justicia prevalezca sobre los intereses partidistas.

La ciudadanía, por su parte, exige transparencia, responsabilidad y respuestas claras ante uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años.

El desenlace del caso Coldo será determinante para la credibilidad de las instituciones y para el futuro de la democracia española.

Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez navega entre la negación, la evasiva y la defensa cerrada, en un clima de sospecha y tensión creciente.

El tiempo dirá si las grabaciones de Coldo y Cerdán son la prueba definitiva que puede cambiar el rumbo de la política española, o si todo quedará en una nueva batalla judicial y mediática.

Lo cierto es que el caso ha abierto una brecha difícil de cerrar y ha puesto en jaque la estabilidad del Ejecutivo y la confianza en el Estado de derecho.