El caso Begoña Gómez: El juez Peinado desimputa al delegado del Gobierno y la justicia desmonta la ofensiva política.

El pulso judicial en España vuelve a situar en el centro del debate al juez Juan Carlos Peinado, protagonista de la instrucción contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.

Esta semana, la noticia ha sacudido el panorama político: Peinado ha tenido que desimputar y archivar definitivamente la causa contra Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, por orden de la Audiencia Provincial.

El tribunal ha sido rotundo: no existía el más mínimo indicio de delito, y la imputación se basó en meras suposiciones.

La decisión marca un nuevo revés para Peinado, quien acumula ya varias desautorizaciones por parte de instancias superiores.

Francisco Martín, tras ocho meses en la diana, lo tiene claro: “Detrás de esta querella de Vox no hay nada contra mí, soy una pieza menor.

Todo esto va de intentar hacer daño al presidente”. El delegado denuncia que la operación judicial y mediática tiene como único objetivo erosionar a Sánchez, y que en el camino se sacrifica a inocentes.

La instrucción del juez Peinado ha estado marcada por la polémica desde el principio.

La Audiencia Provincial de Madrid, en su auto, no solo ordenó el archivo de la causa, sino que sentenció que la imputación de Martín era fruto de especulaciones, sin pruebas.

El propio juez ha tenido que reconocer que “queda plenamente probado que Martín Aguirre no tuvo nada que ver en los hechos investigados”.

Sin embargo, el daño personal y político ya estaba hecho: ocho meses de incertidumbre, titulares y presión pública, mientras dirigentes del Partido Popular lanzaban acusaciones que Martín califica de “crueles y sin fundamento”.

Este caso no es aislado. En los últimos años, el Tribunal Supremo ha rechazado o inadmitido hasta ochenta querellas contra el presidente del Gobierno, muchas de ellas presentadas por grupos ultraderechistas.

El Supremo, convertido en una suerte de juzgado de guardia, dedica recursos a tumbar denuncias que, según los expertos, solo buscan ruido y desgaste político.

Manuel Rico, periodista, lo resume con ironía: “¿Cuánto nos está costando la broma de Peinado camino a su jubilación? La Audiencia Provincial le ha ordenado tres veces archivar causas sin base”.

La instrucción contra Begoña Gómez sigue abierta, aunque cada vez más cuestionada.

Los técnicos de Hacienda han demostrado que Gómez no necesitaba cualificación especial para gestionar la cátedra universitaria que se le atribuye, desmontando otro de los pilares de la acusación.

Cada avance en la investigación parece, más que aclarar, desmentir las sospechas iniciales.

Marta, analista política, lo subraya: “La justicia funciona cuando instancias superiores tumban lo que no es pertinente.

El Tribunal Supremo ha frenado ochenta denuncias contra Sánchez. No será tan terrible”.

Francisco Martín, ya eximputado, respira más tranquilo, aunque reconoce que el alivio es parcial.

“Sigo pensando en quienes aún sufren por una causa sin pies ni cabeza. Lo dije desde el principio: no había nada, y así se ha constatado”.

El delegado insiste en su confianza en el sistema judicial, aunque lamenta el sufrimiento innecesario de quienes quedan atrapados en procesos sin fundamento.

El daño político y personal es evidente. Martín relata cómo ha tenido que escuchar acusaciones reiteradas del PP, a sabiendas de que no tenían base.

“La inquina con la que se tratan estas cuestiones va más allá de la presunción de inocencia.

Es una operación para hacer daño al presidente, y si se puede a través de su familia, mejor”.

El delegado no duda en señalar a Vox y a los pseudosindicatos ultraderechistas como impulsores de la querella, aunque defiende la independencia judicial y discrepa frontalmente de la instrucción de Peinado.

La confrontación política en Madrid añade más tensión. Martín, “bestia negra” de Ayuso y Almeida, reconoce la animadversión pública entre el Gobierno central y las administraciones madrileñas.

“No recuerdo casos de semejante enfrentamiento. Yo no detesto a nadie, pero la negativa sistemática a trabajar juntos perjudica a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables”.

El delegado lamenta el boicot institucional y la falta de colaboración, convencido de que el paradigma del PP en Madrid es demonizar a Sánchez y a los “sanchistas”.

Martín no rehúye el calificativo. “Sí, soy sanchista. Soy el representante del Gobierno de España en Madrid y valoro lo que el ejecutivo de Sánchez está consiguiendo para la ciudad”.

La crispación política, sin embargo, dificulta la coordinación entre administraciones, y el bloqueo institucional se traduce en problemas sin resolver para los madrileños.

En paralelo, la seguridad en Madrid se refuerza de cara a las Navidades, con la ciudad en alerta antiterrorista nivel 4.

Martín destaca el descenso de la criminalidad: “Estamos en niveles mínimos de la última década, gracias a la profesionalidad de las fuerzas de seguridad y a la apuesta del Gobierno por incrementar efectivos”.

Desde 2018, la presencia de Guardia Civil y Policía Nacional ha aumentado un 11% en la región, y los planes de comercio seguro y dispositivos para grandes eventos están en marcha.

El caso Begoña Gómez, lejos de resolverse, sigue generando titulares y alimentando la polarización.

Cristina Álvarez, asistente de Gómez, también permanece imputada, y la preocupación en el Gobierno por la evolución judicial es palpable.

Martín, no obstante, se muestra convencido de que “esto va a terminar en nada”, aunque lamenta el daño causado por meses de acusaciones infundadas.

La pregunta que queda en el aire es hasta dónde llegará la ofensiva judicial y política contra el presidente.

El juez Peinado, desautorizado por la Audiencia Provincial y el Supremo, sigue adelante con una instrucción que, según muchos, no tiene sentido.

El sistema judicial, con sus contrapesos, demuestra capacidad para frenar los excesos, pero el sufrimiento de los imputados y sus familias es real y profundo.

La operación para hacer daño a Sánchez, como la describe Francisco Martín, es un síntoma de la judicialización extrema de la política española.

En este escenario, la justicia se convierte en campo de batalla, y los ciudadanos asisten, entre la incredulidad y el hastío, a un espectáculo donde la verdad y la presunción de inocencia parecen secundarias frente al ruido y la estrategia partidista.

Mientras tanto, Madrid se prepara para unas fiestas seguras, y Martín, ya libre de cargos, insiste en la necesidad de recuperar la normalidad institucional y la colaboración entre administraciones.

El futuro de la instrucción contra Begoña Gómez y el desenlace de la ofensiva judicial marcarán el pulso político de los próximos meses.

En el trasfondo, una pregunta inquietante: ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar quienes quieren hacer caer al presidente?