En el epicentro de la política española, donde las tormentas no solo traen agua sino también sacuden las estructuras del poder, ha estallado un episodio que revela la tensión y la exigencia de rendición de cuentas en tiempos de crisis.

El caso de la Dana en Valencia, aquella depresión aislada en niveles altos que el 29 de octubre de 2024 arrasó con más de 230 vidas y dejó a comunidades enteras incomunicadas, ha trascendido el ámbito meteorológico para convertirse en un símbolo de cómo la política, la justicia y la sociedad se enfrentan a sus propios límites.

Óscar Puente, ministro de Transportes y una de las voces más directas y reconocidas del gobierno socialista, ha puesto el foco sobre Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.

El gallego, que en los días posteriores a la catástrofe defendió con firmeza la gestión autonómica de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana y militante del PP, ahora se encuentra en una posición delicada ante la justicia.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, del Juzgado de Instrucción de Catarroja, ha decidido citarlo como testigo en la investigación penal por homicidios y lesiones imprudentes, centrándose en el retraso en las alertas a la población y la cadena de decisiones que pudieron influir en el desenlace de la tragedia.

El origen de la citación judicial se remonta a las declaraciones públicas de Feijóo, quien aseguró que Mazón le había mantenido informado en tiempo real sobre la evolución de la Dana y sus consecuencias.

Estas palabras, pronunciadas en una comparecencia en L’Eliana dos días después de la catástrofe, buscaban proyectar unidad y respaldo partidista, pero con el paso de las semanas han sido sometidas a la lupa judicial.

La jueza, a petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29, quiere saber exactamente qué información recibió Feijóo, en qué momento y cómo se integra ese conocimiento en el flujo de comunicaciones internas de la Generalitat, donde solo constan dos llamadas tardías entre ambos en el día crítico.

Óscar Puente, con su estilo incisivo pero medido, ha subrayado públicamente la importancia de que Feijóo declare bajo juramento, recordando que en democracia las palabras tienen consecuencias y que la transparencia es una obligación, no una opción.

El ministro ha ironizado sobre la precisión verbal del líder popular, anticipando posibles respuestas evasivas y recordando que, en esta ocasión, la verdad debe ser detallada y verificable.

Puente, que ha estado en la primera línea de la reconstrucción de infraestructuras dañadas por la Dana, sabe que detrás de cada puente reparado y cada carretera reabierta hay historias de dolor y resiliencia que merecen respeto y respuestas claras.

La citación de Feijóo se ha fijado para el 9 de enero de 2026 en los juzgados de Catarroja.

El líder del PP ha manifestado su disposición a colaborar plenamente con la justicia, y desde Génova insisten en que su papel fue exclusivamente el de jefe de la oposición, sin responsabilidad operativa directa.

Sin embargo, la magistrada considera relevante contrastar sus declaraciones públicas con las pruebas acumuladas, especialmente porque no consta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibiera información similar en tiempo real de Mazón, lo que ha servido para rechazar peticiones paralelas de citación.

La investigación judicial ha revelado un listado limitado de comunicaciones: solo dos llamadas entre Mazón y Feijóo el 29 de octubre, ambas después de que la riada ya hubiera causado estragos irreparables.

Esto contrasta con la imagen de “tiempo real” pintada por el líder popular y plantea interrogantes sobre la cadena de mando y la gestión de la emergencia.

La jueza busca reconstruir la cronología desde la consellera Salomé Pradas, principal imputada, pasando por el gabinete de Mazón hasta posibles traslados al ámbito nacional del partido.

Incluso se ha ordenado un careo posterior entre Pradas y un exalto cargo para aclarar mensajes de WhatsApp que han generado interpretaciones divergentes.

En este contexto, Feijóo aparece como una pieza clave que podría iluminar si Mazón minimizó o exageró la gravedad en sus contactos externos.

Puente ha insistido en que esta citación no es un capricho, sino una consecuencia lógica de la necesidad de confrontar declaraciones con evidencias.

La credibilidad política, sostiene el ministro, se construye con hechos verificables y coherencia sostenida en el tiempo.

Más allá del enfrentamiento personal entre Puente y Feijóo, este caso ilustra las tensiones inherentes al modelo territorial español y la coordinación entre niveles administrativos.

La Dana puso a prueba la capacidad de reacción de la Generalitat, con competencias en emergencias, y del gobierno central, que ofreció recursos militares y estatales.

Feijóo, como expresidente autonómico, defendió la autonomía de Mazón, pero ahora sus palabras sirven para escrutar si esa defensa se basaba en información privilegiada o en lealtad partidista.

Puente, por su parte, representa la visión centralista progresista, enfatizando que la responsabilidad compartida no exime de rendir cuentas individuales.

La sociedad valenciana, aún marcada por el duelo y la reconstrucción, observa con atención el desarrollo de la causa.

Las asociaciones de víctimas han impulsado estas diligencias buscando respuestas que trasciendan lo político y permitan mejorar los protocolos futuros.

La jueza, con resoluciones meticulosas, avanza sin prisa pero sin pausa, rechazando citaciones genéricas y centrando el objeto de la investigación en la reconstrucción probatoria.

En el plano nacional, este episodio afecta al equilibrio de fuerzas. El PP, en empate técnico con el PSOE en las encuestas, ve cómo un asunto autonómico salpica a su líder máximo.

Feijóo, con su imagen de moderación y experiencia ejecutiva, enfrenta un test de coherencia y credibilidad.

Puente, astuto comunicador, explota el caso sin excesos, manteniendo el foco en la obligación de verdad.

El humor sutil emerge al imaginar al gallego explicando matices ante la toga: ¿fue tiempo real literal o figurado? ¿Información detallada o general?

La magistrada, imparcial guardiana del proceso, asegura que las palabras pesen lo que deben.

A medida que se acerca enero, la expectación crece. Feijóo declarará, aportará lo requerido y el proceso seguirá su curso.

El mensaje subyacente permanece: en democracias maduras, nadie está por encima de esclarecer hechos cuando hay dolor colectivo.

Puente ha denunciado el escándalo no con gritos, sino con hechos judiciales. Feijóo queda señalado no por imputación, sino por su propia narrativa.

El impacto se extiende a la percepción pública. Ciudadanos hartos de polarización demandan rendición de cuentas.

Este caso, con su mezcla de tragedia natural y humana, humaniza a los líderes: Feijóo, el estratega gallego; Puente, el vallisoletano combativo.

Ninguno escapa al escrutinio. La jueza ha equilibrado la balanza citando basándose en certezas declaradas.

En paralelo, la reconstrucción avanza: puentes reparados, carreteras restauradas, comunidades resilientes. Pero la memoria de la Dana exige justicia paralela.

El calendario judicial marca el ritmo. Enero será el mes en que Feijóo se desplace a Catarroja, un municipio aún marcado por el lodo seco en algunas fachadas y por la resiliencia de sus vecinos.

Allí, en una sala austera, responderá a preguntas que no admiten aplazamientos ni filtros partidistas.

El PP prepara su estrategia defensiva con discreción, consciente de que cualquier percepción de obstrucción dañaría más que el propio testimonio.

Fuentes cercanas al líder gallego aseguran que acudirá con total colaboración, aportando cuanto se le requiera y manteniendo la versión de que su información era la que Mazón le facilitaba en aquel momento.

La opinión pública observa con una mezcla de cansancio y expectación.

Muchos ciudadanos, más allá de afinidades ideológicas, demandan que los líderes asuman el peso de sus palabras cuando hay vidas en juego.

Este caso, sin ser el más grave de la historia reciente, simboliza un punto de inflexión en cómo la justicia trata las declaraciones públicas de altos cargos en contextos de emergencia.

Puente ha contribuido a que el foco permanezca en la responsabilidad compartida, sin permitir que el ruido partidista eclipse lo esencial.

Así, el relato de la Dana continúa escribiéndose no solo en informes técnicos y proyectos de reconstrucción, sino también en autos judiciales que obligan a mirar atrás con rigor.

Feijóo, hombre de trayectoria larga y ambición nacional contenida, se encuentra en un cruce donde su palabra será pesada con la balanza de la ley.

Puente observa y recuerda que la democracia funciona mejor cuando nadie, por alto que esté, escapa a la obligación de aclarar lo dicho.

Y en medio, la magistrada asegura que el proceso siga su curso sin desviaciones ni prisas innecesarias.

Este capítulo, aún abierto, nos recuerda que las tormentas pasan, pero sus lecciones deben quedarse grabadas.

La precisión en la comunicación de riesgos, la coordinación sin egos, la humildad ante fenómenos impredecibles: todo eso está en juego cuando un líder nacional debe detallar qué sabía y cómo lo supo.

No hay drama excesivo en ello, solo la lógica consecuencia de vivir en un sistema donde las palabras tienen eco y las omisiones, precio.

Valencia sigue adelante, herida pero erguida, esperando que la verdad completa ayude a cerrar cicatrices.

Y mientras la política española aprende una vez más que defender con pasión no exime de explicar con detalle, la jueza Ruiz Tobarra delimita el alcance de cada testimonio solicitado, evitando que la causa se convierta en un desfile indiscriminado de figuras políticas. Cada paso responde a una necesidad concreta de contraste probatorio.

La citación de Feijóo se fundamenta exclusivamente en sus propias manifestaciones públicas, que crearon una presunción razonable de conocimiento específico.

No hay extrapolaciones ni interpretaciones forzadas, solo la lógica consecuencia de contrastar lo dicho en rueda de prensa con lo que los registros objetivos reflejan.

Puente, consciente de esa delicadeza, ha calibrado sus intervenciones para no cruzar la línea que separaría la crítica política legítima del aprovechamiento indebido.

Cuando habla del tema, lo hace siempre enmarcado en la necesidad colectiva de aprender de la tragedia, mejorar protocolos de alerta, agilizar coordinaciones, asegurar que la información crítica llegue a quien debe actuar.

Su mención a la citación de Feijóo va acompañada de la misma idea central: la obligación de decir la verdad ante un juez es la misma para cualquier ciudadano y los líderes políticos no deberían percibirla como una afrenta, sino como una garantía de que el sistema funciona.

En el entorno del líder popular, la percepción interna es similar en cuanto a la necesidad de manejar el asunto con sobriedad.

Nadie en Génova considera que la declaración vaya a convertirse en un momento dramático o revelador.

Esperan que sea un trámite ordenado donde Feijóo repita esencialmente lo ya dicho, añadiendo los detalles que recuerde sobre el contenido de aquellas dos llamadas.

Se preparan para preguntas sobre el tono de la conversación con Mazón, sobre si este transmitió preocupación o tranquilidad, sobre si se mencionaron datos concretos de previsión meteorológica o solo impresiones generales.

Las víctimas y sus representantes legales mantienen esa misma compostura. En sus comunicaciones con los medios evitan personalizar el foco en Feijóo.

Para ellos, su testimonio es una pieza más en un rompecabezas mucho mayor que incluye informes técnicos de AEMET, actas del Centro de Coordinación Operativa Integrada, mensajes internos de la Generalitat y declaraciones de cargos que estaban en la sala de emergencias aquel día.

Saben que la causa no se resolverá con una sola declaración, sino con la acumulación paciente de evidencias que permitan determinar si hubo imprudencia grave en la cadena de decisiones.

Valencia convive con esta investigación como con una presencia constante pero no obsesiva.

En los municipios más afectados, la vida ha recuperado un ritmo casi normal, pero en las conversaciones informales surge de vez en cuando la referencia a lo que se está investigando en el juzgado, no con rabia contenida, sino con una mezcla de resignación y esperanza en que al menos esta vez las respuestas sean completas y sirvan para que algo así no se repita con la misma magnitud.

Puente recibe informes periódicos sobre el avance de las obras de reparación y sabe que cada detalle esclarecido sobre la comunicación fallida o tardía puede traducirse en un protocolo más eficaz la próxima vez que una Dana amenace el territorio.

Feijóo continúa con su agenda opositora habitual, pero en privado dedica tiempo a repasar mentalmente aquellos días de octubre, a recordar el contexto emocional de las llamadas recibidas, a anticipar cómo explicará que su defensa pública de Mazón se basaba en la información que este le trasladaba y en la confianza depositada en un presidente autonómico de su propio partido.

La magistrada sigue acumulando piezas, peritajes meteorológicos que confirman la predictibilidad del fenómeno con horas de antelación, análisis de los sistemas de alerta automatizada que no se activaron a tiempo, reconstrucciones de las reuniones internas donde se debatía el nivel de riesgo.

Cada nueva diligencia se practica con la misma meticulosidad, sin prisa pero sin pausas innecesarias.

En este entramado de responsabilidades compartidas y detalles minuciosos, el caso se convierte en algo más que un enfrentamiento entre Puente y Feijóo.

Es un recordatorio colectivo de que las emergencias no entienden de colores políticos, pero sí exigen coordinación impecable y comunicación transparente.

La declaración pendiente del líder popular no cambiará por sí sola el curso de la investigación, pero sí contribuirá a que la cronología sea más nítida, a que las zonas grises se reduzcan y a que la verdad, aunque compleja y matizada, quede lo más cerca posible de los hechos objetivos.

Entre la reconstrucción física de la Comunidad Valenciana y la reconstrucción judicial de lo ocurrido, avanza un proceso que, aunque lento, camina con firmeza.

Nadie espera grandes revelaciones teatrales, sino respuestas concretas que honren a quienes ya no están y protejan a quienes vendrán.

En ese objetivo común, más allá de las diferencias ideológicas, reside quizá la mayor fortaleza de todo el procedimiento.