Begoña Gómez y la estrategia del ‘lawfare’: la justicia como campo de batalla política en España.

La semana termina con una noticia de alto voltaje político y judicial: la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la imputación por malversación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su asesora, Cristina Álvarez.

El tribunal avala la decisión del juez Juan Carlos Peinado y rechaza los recursos presentados, permitiendo que ambas sean llamadas a declarar por la contratación de Álvarez en la Moncloa, una contratación que, según los magistrados, responde a intereses particulares y no a criterios de profesionalidad o méritos.

El auto judicial destaca como primer indicio de delito el hecho de que Álvarez sea amiga íntima de Gómez, y considera “excesivo” que la asesora haya desarrollado su actividad durante las 24 horas del día, siete días a la semana, lo que los jueces interpretan como una labor más propia de una amiga interesada en asuntos lucrativos que de una responsable de protocolo.

El tribunal subraya que este nombramiento no recayó en un funcionario experto, como es habitual, sino en una persona de confianza, lo que, en su opinión, supone un perjuicio al patrimonio público.

Este enfoque judicial, que roza el escrutinio de las relaciones personales en la esfera política, ha generado una ola de críticas entre juristas y analistas.

Ernesto Ekaizer, periodista especializado en tribunales, se mostró “impresionado” por el tono y el contenido del auto: “La sección 23 de la Audiencia de Madrid trata a la esposa del presidente como si fuera una delincuente en términos literales.

Se pierde el respeto más elemental por la figura institucional”, lamentó.

Más allá del caso concreto, el debate se desplaza hacia el terreno de la utilización de la justicia como herramienta política: el llamado ‘lawfare’.

Como apunta el magistrado Ramiro García de Dios, la instrucción dirigida por el juez Peinado y apoyada por la sección 23 responde a una lógica de “expedición de pesca”, es decir, la búsqueda indiscriminada de pruebas a lo largo de ocho años de correos electrónicos, con el propósito de encontrar cualquier elemento incriminatorio que permita sostener la causa.

“Es una instrucción deficiente en calidad técnica, ausencia de garantismo constitucional, y una causa abierta injustificadamente, cuyo objetivo es dilatar el proceso y minar el prestigio de Begoña Gómez y del presidente del Gobierno”, asegura García de Dios.

El magistrado subraya que la estrategia judicial parece orientada a prolongar la investigación todo lo posible, manteniendo la causa abierta sin pruebas sólidas, en busca de desgaste mediático y político.

“La opinión pública, que no tiene por qué conocer los detalles jurídicos, recibe el mensaje de sospecha y desconfianza, alimentando la erosión del prestigio institucional”, advierte.

El contexto político añade más tensión al caso. Dirigentes del Partido Popular y otros sectores de la oposición han utilizado la imputación de Begoña Gómez como argumento recurrente para atacar al Gobierno y exigir explicaciones.

La información de que otros casos vinculados al Partido Socialista y al entorno más cercano de Pedro Sánchez podrían salir a la luz en los próximos días refuerza la percepción de una ofensiva judicial y mediática coordinada.

Sin embargo, voces críticas recuerdan que la discrecionalidad en la elección de asesores y cargos de confianza no es nueva en la política española.

Desde Carmen Romero hasta Sonsoles Espinosa o Viri Fernández, las esposas de presidentes anteriores han contado con personas de confianza en su entorno y han ejercido funciones públicas sin que ello supusiera, hasta ahora, motivo de persecución judicial.

“¿Quiénes son los magistrados de la sección 23 para decidir que debe contratarse a un funcionario de protocolo?”, se preguntan algunos analistas.

El debate sobre el conflicto de intereses, la malversación y la ética pública se mezcla así con la discusión sobre el uso de la justicia como instrumento de combate político.

El fenómeno del ‘lawfare’ —la judicialización de la política y el uso de procesos judiciales para desestabilizar gobiernos— se ha instalado en España como una preocupación creciente.

Juristas y expertos advierten del riesgo de que la instrucción judicial se convierta en una “causa general” contra el Gobierno, con expedientes interminables y resoluciones arbitrarias que, más que buscar la verdad, persiguen el desgaste y el descrédito.

La instrucción del juez Peinado, caracterizada por la petición de años de correos electrónicos y la búsqueda de indicios a partir de relaciones personales, ha sido calificada como “arbitraria y antigarantista”.

El apoyo entusiasta de la sección 23 de la Audiencia Provincial refuerza la percepción de que existe un doble poder en España: el poder político y el poder judicial, en permanente tensión y con capacidad para influir decisivamente en la agenda pública.

En este contexto, la pregunta sobre la duración y el alcance de la causa es inevitable.

¿Hasta dónde puede prolongarse la investigación? ¿Está la estrategia judicial orientada a mantener el proceso abierto indefinidamente, en busca de un desgaste político que trascienda la resolución de los hechos? Para García de Dios, la respuesta es clara.

“El objetivo es dilatar la causa y mantener la sospecha en la opinión pública”.

La situación de Begoña Gómez es, por tanto, mucho más que un caso individual. Es el reflejo de una crisis institucional y política en la que la justicia se convierte en campo de batalla, y donde el respeto a las garantías constitucionales y al principio de presunción de inocencia queda en entredicho.

El precedente que se está creando, advierten los expertos, puede tener consecuencias graves para la calidad democrática y la estabilidad institucional en España.

Así, mientras la Audiencia Provincial avala la imputación y la instrucción avanza, el país asiste a un nuevo episodio de judicialización de la política, en el que la frontera entre la investigación legítima y la persecución política se difumina peligrosamente.

La transparencia, el respeto a las garantías y la independencia judicial son hoy más necesarias que nunca para evitar que la justicia se convierta en instrumento de combate y para preservar la confianza en las instituciones democráticas.