España vive uno de los mayores terremotos institucionales de su historia democrática reciente. Por primera vez, una asociación de fiscales ha elevado formalmente una denuncia ante las Naciones Unidas para que revise la condena e inhabilitación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, dictada por el Tribunal Supremo en primera y única instancia, sin que todavía se haya hecho pública la sentencia completa.
El caso ya no es solo jurídico. Es político, institucional, mediático e internacional. La palabra que resuena en todas las tertulias, tribunales, redacciones y despachos es una sola: quiebra de confianza.
La denuncia que cruza fronteras: la ONU entra en escena
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha activado un movimiento sin precedentes: ha solicitado amparo internacional ante Naciones Unidas denunciando vulneración de derechos fundamentales, irregularidades en la instrucción, posibles comportamientos inapropiados de magistrados y una decisión judicial que, según afirman, carece de prueba suficiente.
Los puntos centrales de la denuncia son demoledores:
Medidas cautelares “desproporcionadas y gravosas” contra el fiscal general.
Vulneración de la presunción de inocencia.
Filtración del fallo sin publicación de la sentencia.
Comportamientos presuntamente irregulares de magistrados durante la deliberación.
Daños irreversibles al derecho de defensa.
Para la UPF, lo ocurrido no solo afecta a un hombre, sino que pone en jaque a toda la Fiscalía como institución.
Condenado sin sentencia: el fallo que incendió la justicia
La decisión del Tribunal Supremo ha generado una situación anómala y explosiva:
Se ha hecho público el fallo condenatorio,
pero no se ha publicado la sentencia motivada.
Esto significa que la ciudadanía, la defensa, la Fiscalía y la comunidad jurídica internacional desconocen los fundamentos jurídicos exactos de la condena.
El problema es aún mayor porque:
El Supremo actúa en única instancia.
No existe posibilidad de apelación ordinaria.
El derecho de defensa queda suspendido en el aire.
Para muchos juristas, se ha producido una situación propia de regímenes no garantistas, incompatible con los estándares europeos de justicia.
Los audios que dinamitan la credibilidad del Tribunal Supremo
La crisis se ha agravado tras la difusión en exclusiva por RTVE de audios de uno de los magistrados que participó en la condena, el juez Juan Ramón Verdugo.
En esas grabaciones, realizadas durante un curso jurídico patrocinado por el Colegio de Abogados de Madrid —parte acusadora del proceso—, el magistrado realiza comentarios de carácter xenófobo y profundamente ofensivos hacia personas migrantes.
Las palabras grabadas han causado una conmoción nacional:
Cuestionan la imparcialidad del magistrado.
Rompen la apariencia de neutralidad judicial.
Comprometen la imagen del Supremo como garante último de derechos.
El impacto es devastador: una persona que ha votado para inhabilitar al Fiscal General del Estado durante dos años, aparece ahora retratada en un contexto ideológico que muchos califican de ultraconservador extremo.
“Han condenado a un inocente”: la acusación más grave posible
Desde la UPF, su presidente ha sido tajante:
“Hoy el Tribunal Supremo ha condenado a un hombre inocente sin pruebas”.
Una frase de una gravedad institucional extrema.
No se trata de una crítica política, sino de una acusación jurídica directa contra el máximo órgano judicial del país.
Los fiscales hablan de:
Shock institucional.
Sensación de indefensión.
Miedo a ejercer con libertad a partir de ahora.
Riesgo real de que la Fiscalía quede subordinada de facto al poder judicial.
El mensaje que se envía a los fiscales: “mañana te puede pasar a ti”
Uno de los daños más profundos es el efecto psicológico y profesional sobre miles de fiscales:
Si el Fiscal General puede ser inhabilitado sin sentencia publicada…
Si un fallo basta para destruir una carrera…
Si defender la veracidad informativa puede acarrear consecuencias penales…
Entonces el mensaje es claro:
El margen de actuación autónoma de la Fiscalía se reduce drásticamente.
Varios fiscales ya reconocen, en privado, que jamás aceptarían hoy el cargo de Fiscal General tras lo ocurrido.
El choque de trenes: Supremo vs Fiscalía
Durante más de un año se ha vivido un enfrentamiento soterrado entre dos altas instituciones del Estado:
Por la ley del “solo sí es sí”.
Por los criterios de la ley de amnistía.
Por la gestión del caso de la pareja de Ayuso.
Por la difusión de información veraz frente a los bulos.
Ese choque terminó en impacto frontal:
dos trenes institucionales a máxima velocidad, donde el más débil —la Fiscalía— ha salido despedazado.
El secreto de la deliberación y la denuncia por revelación ilegal
Otro escándalo añadido:
una querella penal contra el magistrado Martínez Arrieta por presunta revelación del secreto de las deliberaciones judiciales.
Dos días antes de terminar la deliberación, habría anunciado públicamente que él sería el ponente de una sentencia que aún no estaba cerrada.
Esto vulnera directamente el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que las deliberaciones son estrictamente secretas.
Sombra de “lawfare” y batalla política
Aunque la UPF evita hablar abiertamente de “lawfare”, muchos analistas lo dan por implícito:
Uso del poder judicial como herramienta de desgaste político.
Presión mediática constante.
Contexto de máxima polarización.
Condenas sin motivación pública inmediata.
El daño, según los fiscales, no es para un gobierno concreto:
“Los gobiernos pasan. La herida en la justicia permanece”.
El papel de los periodistas bajo amenaza
Otro efecto colateral gravísimo:
la conmoción entre periodistas judiciales.
Si informar con datos contrastados, desmentir bulos y defender hechos verificables puede derivar en consecuencias penales, el periodismo de investigación entra en una zona de riesgo inaceptable en una democracia.
La relación entre:
Fiscales
Jueces
Periodistas
queda ahora tocada de muerte por la desconfianza.
La fractura dentro de la carrera fiscal
Aunque el apoyo mayoritario a García Ortiz ha sido claro, también ha surgido:
Debate interno sobre si debía dimitir antes.
Dudas estratégicas sobre la defensa institucional.
Temor a represalias futuras.
Lo que antes era un cuerpo sólido, hoy aparece herido, dividido emocionalmente y en estado de alarma.
Desafección ciudadana: el mayor peligro
Uno de los diagnósticos más repetidos es el más inquietante:
“La sociedad empieza a desconectar de la justicia.”
Ya no basta con repetir:
“Respetamos las decisiones judiciales”.
“Creemos en la independencia judicial”.
Cuando una sentencia no se publica, cuando aparecen audios de magistrados, cuando se condena al fiscal general, cuando entra la ONU…
la fe ciega en el sistema se rompe.
La figura humana detrás del cargo
El presidente de la UPF no habló solo como jurista, sino como compañero:
“Es una buena persona”.
“Ha soportado una presión brutal”.
“Ha protegido a la institución incluso a costa de sí mismo”.
El mensaje es claro:
la inhabilitación no solo castiga a un cargo, arrasa a una persona.
¿Qué puede pasar ahora?
El escenario es totalmente abierto:
Nada de esto es menor.
España se juega ahora su reputación jurídica internacional.
El daño ya está hecho
Incluso si en semanas llega la sentencia motivada, el problema ya no es el contenido:
el daño a la credibilidad ya se ha producido.
La Fiscalía está tocada.
El Supremo está cuestionado.
La ciudadanía está desorientada.
Los fiscales están atemorizados.
Los periodistas están alertas.
Y la ONU observa.
Conclusión: una grieta que marcará una generación
Este no es un caso más.
No es un simple procedimiento judicial.
Es una fractura estructural del equilibrio de poderes.
Por primera vez, una parte del aparato judicial español queda bajo la lupa de la comunidad internacional por la posible vulneración de derechos de quien, hasta ayer, era el Fiscal General del Estado.
Desde hoy, nada en la justicia española volverá a leerse igual.
