La última sesión parlamentaria ha dejado al descubierto la profunda fractura que atraviesa la izquierda española, especialmente entre el PSOE y sus potenciales aliados de Esquerra Republicana.

Lo que podía haber sido una oportunidad para avanzar en derechos sociales y blindar la democracia frente a la crisis sanitaria y económica, se convirtió en una amarga constatación: el gobierno ha optado por pactar con la derecha y Ciudadanos, relegando las cinco exigencias sociales que Esquerra Republicana puso sobre la mesa a cambio de sus trece votos.

El discurso de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra, resonó en el hemiciclo como un grito de frustración y advertencia.

La izquierda, una vez más, se mostraba incapaz de llegar a acuerdos sobre lo esencial: la vida, la dignidad y el bienestar de los ciudadanos.

El gobierno, que se autoproclama como el más progresista y dialogante de la historia, ha decidido ignorar la alternativa republicana y de izquierdas, prefiriendo el camino fácil de la aritmética parlamentaria con quienes, según Rufián, han recortado derechos y han pactado con la ultraderecha.

Las cinco exigencias sociales que Esquerra Republicana planteó son tan claras como urgentes.

La primera es la corresponsabilidad en la toma de decisiones sobre sanidad, un área vital en tiempos de pandemia.

Rufián denunció que las consejerías autonómicas han sido reducidas a meras gestorías, simples transmisoras de datos para un Ministerio de Sanidad centralizado y “vaciado” en Madrid.

Esquerra pedía que quienes mejor conocen el territorio pudieran decidir, que las autonomías tuvieran voz real y capacidad de gestión. La respuesta del gobierno fue un rotundo no, acompañada de acusaciones de deslealtad.

La segunda exigencia era la prestación remunerada para la conciliación familiar, especialmente para familias monoparentales y monomarentales.

Rufián subrayó la ansiedad que sufren miles de personas que no saben dónde dejar a sus hijos mientras trabajan, una situación agravada por la pandemia y el confinamiento.

La propuesta era poco nacionalista, como él mismo ironizó, pero profundamente humana.

Sin embargo, el gobierno volvió a negarse, alegando falta de fondos en la misma semana que se gastaban más de dos mil millones de euros en tanques.

La tercera exigencia giraba en torno a la flexibilización del superávit municipal, permitiendo que los ayuntamientos pudieran destinar los fondos que tienen en el banco a ayudas sociales.

Esquerra defendía el municipalismo, la idea de fortalecer la administración más cercana al ciudadano para afrontar la crisis.

De nuevo, la respuesta fue negativa, incluso cuando alcaldes socialistas en Cataluña se enfrentaban a la consellería de salud por la gestión de la pandemia.

La cuarta petición era la reforma de la ley orgánica del estado de alarma y de la ley de salud pública, para evitar los errores cometidos durante el confinamiento y garantizar un marco autonómico y estatal menos lesivo para las libertades y derechos fundamentales.

Rufián recordó que la ley de estado de alarma data de 1981 y que era necesario actualizarla para reforzar la coordinación entre administraciones y delimitar competencias.

El gobierno, sin embargo, se negó a negociar, en la misma semana en que se alcanzaba el millón de multas gracias a la ley mordaza.

La quinta y última exigencia era acotar en el tiempo la mesa de diálogo y negociación, porque la represión continúa y los problemas no pueden posponerse indefinidamente.

Rufián insistió en que cualquier democracia plena no puede permitirse tener presos políticos en la cárcel, y citó a Amnistía Internacional para reforzar su argumento.

La respuesta del gobierno fue, una vez más, negativa, mientras la fiscalía recurría la libertad de los presos independentistas y permitía la excarcelación de condenados por delitos graves.

El rechazo a estas cinco exigencias sociales, según Rufián, no solo supone una decepción para Esquerra Republicana, sino para todo el pueblo de Cataluña.

El 80% de la producción catalana está afectada por estas decisiones, y el gobierno ha preferido sacrificar a Esquerra a cambio de los votos de Ciudadanos.

Rufián advirtió a Unidas Podemos que el PSOE podría volver a sacrificar sus propias políticas sociales cuando le convenga, y que si callan ahora, mañana podría ser el ingreso mínimo vital, la reducción del IVA en material sociosanitario o la moratoria de hipotecas y alquileres.

El portavoz de Esquerra hizo un llamamiento a la izquierda para que salga a la calle y vea la realidad: sanitarios trabajando al límite, ricos contagiando y una sociedad cada vez más desigual.

Criticó la actitud de “ni leones ni cristianos”, advirtiendo que si la izquierda no se planta, los leones acabarán devorándolos.

La incapacidad de la izquierda para ponerse de acuerdo ante una pandemia mundial, reflexionó Rufián, es el síntoma de una debilidad estructural que impide afrontar otros retos como los presupuestos, la recuperación de derechos civiles y sociales o la mesa de negociación.

La intervención concluyó con una pregunta que resuena más allá del hemiciclo: ¿para qué sirve la izquierda hoy? Si solo sirve para hacer tweets, ir a platós de televisión o cavar trincheras más profundas, entonces está condenada a la irrelevancia.

Rufián apeló a la memoria de figuras históricas como Anguita y Genovés, y denunció la impunidad de torturadores fascistas como Antonio González Pacheco, mientras la izquierda se pierde en disputas internas y olvida su deber fundamental: servir a la gente.

El análisis de esta sesión parlamentaria revela una realidad incómoda. El PSOE, en su afán por mantener la estabilidad gubernamental, ha optado por pactar con Ciudadanos y rechazar las propuestas de Esquerra Republicana, aunque estas fueran de carácter social y no estrictamente independentista.

La izquierda, lejos de presentar un frente unido ante la crisis, se muestra dividida y incapaz de articular una respuesta común a los desafíos que enfrenta el país.

La decisión del gobierno de no negociar con Esquerra, ni siquiera ante propuestas que podrían mejorar la vida de millones de personas, pone en cuestión su compromiso con el diálogo y la pluralidad.

La política, como recordó Rufián, no puede vivirse cada quince días, pendiente solo de la aritmética parlamentaria.

Se necesita una visión de futuro, acuerdos que sirvan para el ahora y para el mañana, y una voluntad real de transformar la sociedad.

La frustración de Esquerra Republicana es compartida por muchos sectores de la izquierda y del movimiento social.

Las cinco exigencias rechazadas por el gobierno son demandas legítimas en un contexto de crisis, y su negativa a negociar deja en evidencia las prioridades del Ejecutivo.

La apuesta por la estabilidad a corto plazo, aunque sea a costa de sacrificar derechos y dejar de lado a los aliados naturales, puede tener consecuencias devastadoras para la cohesión de la izquierda y la confianza ciudadana en la política.

En este contexto, la pregunta planteada por Rufián cobra aún más relevancia.

¿Para qué sirve la izquierda si no es capaz de ponerse de acuerdo para proteger la vida, la dignidad y los derechos de la gente? La respuesta está en manos de los propios actores políticos, que deben decidir si quieren seguir siendo parte del problema o convertirse en parte de la solución.

La sesión parlamentaria ha sido un espejo de los retos y contradicciones que enfrenta la izquierda española.

El gobierno, pese a su retórica progresista, ha elegido la vía más cómoda, alejándose de sus aliados y renunciando a avanzar en derechos sociales.

Esquerra Republicana, por su parte, ha puesto el dedo en la llaga, recordando que la política debe servir para algo más que para gestionar el día a día.

Debe ser herramienta de cambio, de justicia y de esperanza.

La ciudadanía observa con atención y preocupación este desencuentro. La pandemia, la crisis económica y la precariedad requieren respuestas valientes y consensos amplios.

Si la izquierda no es capaz de ofrecerlos, corre el riesgo de perder no solo la oportunidad histórica de liderar la recuperación, sino también la confianza de quienes más la necesitan.

En definitiva, la negativa del gobierno a negociar con Esquerra Republicana y a aceptar sus cinco exigencias sociales marca un punto de inflexión en la política española.

La izquierda debe decidir si quiere seguir dividida y ensimismada o si está dispuesta a dar un paso al frente y construir un futuro mejor para todos.

De ello depende su relevancia, su capacidad de transformación y, en última instancia, su razón de ser.