Agentes de igualdad: entre la reivindicación feminista y el debate sobre el intervencionismo estatal.

La reciente decisión del Gobierno de España, liderado por el PSOE, de crear la figura profesional de los “agentes de igualdad” supone un punto de inflexión en la política de igualdad y feminismo institucional.

El anuncio, realizado con entusiasmo por la ministra de Igualdad, ha sido presentado como una conquista histórica de los movimientos feministas y una respuesta a una demanda largamente acariciada por el sector.

Sin embargo, la medida ha desatado un intenso debate social y mediático, en el que confluyen la crítica política, el escepticismo sobre la utilidad real de la nueva profesión y las comparaciones con experiencias internacionales que rozan el esperpento.

Según el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, los agentes de igualdad serán profesionales homologados y titulados oficialmente, encargados de velar por la implantación de políticas de igualdad en todos los ámbitos de la sociedad: administraciones públicas, empresas, educación, cultura y más allá.

El objetivo declarado es doble: profesionalizar un sector que, hasta ahora, funcionaba con escasa regulación y combatir el intrusismo laboral, garantizando la calidad de los servicios relacionados con la igualdad de género.

La ministra de Igualdad enfatizó la importancia de “poner en valor los estudios y la capacitación técnica” de estos nuevos profesionales, así como dotarles de seguridad jurídica y reconocimiento social.

El discurso oficial insiste en que “la igualdad se despliega en todos los ámbitos” y que, para ello, es necesario crear estructuras institucionales sólidas, con personal cualificado y herramientas eficaces.

No es casualidad que el anuncio llegue en un momento especialmente delicado para el PSOE.

En las últimas semanas, varios casos de acoso sexual y violencia de género han sacudido las filas socialistas, poniendo en entredicho la coherencia entre el discurso igualitario del partido y la realidad interna de sus estructuras.

Las denuncias de presiones a víctimas para que no hablen “demasiado alto”, los intentos de tapar escándalos para proteger la imagen pública y la caída de varios dirigentes han generado una sensación de crisis ética y política.

En este contexto, la creación de los agentes de igualdad parece, para algunos, una maniobra de distracción o un intento de lavar la imagen del partido.

La paradoja es evidente: mientras se anuncian nuevos mecanismos institucionales para garantizar la igualdad, surgen dudas sobre la voluntad real de afrontar los problemas estructurales y las resistencias internas.

La ministra insiste en que “en el PSOE ya no se consiente” el acoso y que “las mujeres alzan la voz y no se cuestiona su veracidad”, pero la opinión pública percibe una brecha entre las palabras y los hechos.

Uno de los puntos más controvertidos del nuevo discurso feminista institucional es la llamada “presunción de veracidad” de las víctimas, que contrasta con la tradicional presunción de inocencia en el ámbito penal.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido públicamente que las denuncias de las mujeres deben ser creídas y activar automáticamente los mecanismos de protección y sanción.

Esta postura, aunque coherente con la lucha contra la violencia de género, plantea interrogantes jurídicos y éticos sobre el equilibrio entre derechos fundamentales y la protección de las víctimas.

La contradicción se hace aún más evidente cuando, ante acusaciones mediáticas, el propio PSOE apela a los tribunales y amenaza con querellas penales, reclamando entonces la presunción de inocencia para sus dirigentes.

El doble rasero en la gestión de la verdad y la justicia alimenta el escepticismo y la polarización social.

La creación de la profesión de agente de igualdad responde también a una lógica de profesionalización y reconocimiento académico.

El anteproyecto prevé la expedición de títulos oficiales habilitantes, la homologación de estudios y la regulación estricta del acceso a la profesión.

Se trata de una reivindicación histórica de los movimientos feministas, que ven en la institucionalización de la igualdad una garantía de continuidad y eficacia.

Sin embargo, la medida ha sido recibida con ironía y escepticismo por parte de amplios sectores sociales.

Los memes sobre “Charo Confirmed”, las bromas sobre la “dictadura feminista” y las comparaciones con la policía de la moral iraní reflejan el temor a un exceso de intervencionismo estatal y a la proliferación de empleos públicos con escaso valor añadido.

El riesgo de crear una burbuja de titulados en igualdad, condenados al paro o a la precariedad cuando cambien los vientos políticos, está presente en el debate.

El anuncio de los agentes de igualdad ha sido comparado, con mayor o menor fortuna, con la policía de la moral de Irán, encargada de vigilar el cumplimiento de las normas de vestimenta y conducta de las mujeres.

Aunque la comparación es exagerada y responde más a la sátira que al análisis serio, sirve para ilustrar el miedo a una deriva autoritaria en la aplicación de las políticas de igualdad.

En Irán, la policía de la moral ha sido responsable de graves violaciones de derechos humanos, como el caso de Masa Amini, cuya muerte bajo custodia policial desató una ola de protestas sin precedentes.

En España, nadie plantea (ni remotamente) un control policial de la moralidad, pero el debate sobre los límites del Estado en la promoción de valores y comportamientos está más vivo que nunca.

El reto es encontrar un equilibrio entre la promoción activa de la igualdad y el respeto a las libertades individuales, evitando caer en el dogmatismo o en la imposición de una única visión del mundo.

La creación de los agentes de igualdad ha polarizado el debate público.

Para unos, es un paso necesario y valiente en la lucha por una sociedad más justa y equitativa.

Para otros, es un ejemplo de burocratización y de ingeniería social que amenaza con invadir la vida privada y restringir la libertad de pensamiento.

La oportunidad está en aprovechar la profesionalización para mejorar la calidad de las políticas de igualdad, dotarlas de rigor y eficacia, y evitar el intrusismo y la improvisación.

Pero el riesgo es convertir la igualdad en un nicho laboral más, desconectado de las verdaderas necesidades sociales y utilizado como arma arrojadiza en la batalla política.

La creación de los agentes de igualdad es un síntoma de una época en la que la lucha por los derechos y la justicia social se institucionaliza y se convierte en objeto de regulación y profesionalización.

Es, al mismo tiempo, una oportunidad para avanzar y un riesgo de caer en el exceso y la caricatura.

El reto para el Gobierno y la sociedad es mantener el equilibrio, garantizar la eficacia y la justicia de las políticas públicas y evitar la tentación de convertir la igualdad en un instrumento de control o de confrontación ideológica.

La igualdad real no se consigue solo con leyes, títulos y agentes, sino con educación, diálogo y respeto mutuo.

En definitiva, la historia juzgará si los agentes de igualdad son el paso adelante que necesitaba la sociedad española o una muestra más de la tendencia al exceso regulatorio y al intervencionismo estatal.

Lo que está claro es que el debate está servido, y que la igualdad, lejos de ser un destino, sigue siendo un camino lleno de retos, contradicciones y oportunidades.