El escándalo del Hospital de Torrejón: la privatización sanitaria en Madrid bajo el foco judicial y europeo.
Madrid, diciembre de 2025. El Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, uno de los emblemas de la gestión privatizada en la Comunidad de Madrid, se ha convertido en el epicentro de un terremoto político, judicial y social que amenaza con derribar el modelo neoliberal que Isabel Díaz Ayuso ha defendido con uñas y dientes desde su llegada al poder.
Lo que comenzó como una filtración interna ha derivado en una investigación penal, el pánico en la cúpula del Partido Popular madrileño y una intervención inédita de Bruselas sobre el uso de fondos europeos en la sanidad y la vivienda de la región.
La chispa que encendió la mecha fue la denuncia de trabajadores del hospital, que revelaron la existencia de órdenes expresas para reutilizar material sanitario de un solo uso, como catéteres, ondas vesicales y sets de biopsia.
El informe interno filtrado a la prensa documenta que, entre septiembre y noviembre de 2025, se reprocesaron más de 1.200 catéteres y cientos de otros dispositivos, violando la normativa europea y poniendo en riesgo la salud de miles de pacientes.
Las órdenes, lejos de ser una iniciativa aislada de algún celador, venían firmadas por la dirección médica, dependiente de la Consejería de Sanidad y, por tanto, del propio gobierno de Ayuso.
El silencio inicial de la presidenta madrileña, que se limitó a calificar el escándalo como “rencillas internas”, se rompió tres días después, cuando la presión mediática y social hizo imposible seguir mirando hacia otro lado. Pero la respuesta oficial no convenció a nadie.
La frase lapidaria de Ayuso fue recibida con indignación por los sindicatos médicos, los partidos de la oposición y una ciudadanía que lleva años sufriendo las consecuencias de la privatización sanitaria.
La privatización del Hospital de Torrejón no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia iniciada por Esperanza Aguirre en 2008, cuando la Comunidad de Madrid adjudicó la construcción y gestión del hospital a un consorcio privado liderado por Rivera Salud, que posteriormente vendió su participación al grupo Recoletas.
El llamado “modelo Alzira madrileño” consiste en que la Comunidad paga un canon anual por cada paciente asignado (más de 100 millones de euros en 2024), mientras la empresa privada se queda con todo lo que consiga ahorrar… o recortar.
El resultado, según los sindicatos y la Cámara de Cuentas, ha sido un deterioro creciente de la calidad asistencial, el aumento de listas de espera y, ahora, la reutilización ilegal de material médico.
La reacción en el Partido Popular ha sido de auténtico pánico. Esperanza Aguirre, la matriarca del PP madrileño y arquitecta del modelo privatizador, ha pasado de defender a capa y espada a su pupila Ayuso a tratar de blindar su propio legado.
Las reuniones a puerta cerrada entre Génova y la Puerta del Sol se han multiplicado, mientras los varones del partido debaten entre cerrar filas o buscar cabezas de turco para salvar los muebles.
La vieja guardia, representada por Aguirre, apuesta por sacrificar a los responsables directos del hospital, mientras Ayuso se niega a entregar a “uno de los suyos” y prefiere resistir, aunque eso suponga quemar la casa antes que entregar las llaves.
En medio del caos, Andrea Levy, concejala de urbanismo y rostro amable del PP en el Ayuntamiento de Madrid, ha intentado capear el temporal con declaraciones que rozan el victimismo.
En las tertulias y ruedas de prensa, Levy ha defendido la gestión del PP como “moderada y de centro”, acusando a la izquierda de montar una campaña de fake news y ataques coordinados.
Pero el periodista Gonzalo Miró desmontó su discurso en directo con un zasca que ha dado la vuelta a España: “El PP de centro…
Eso es como decir que Franco era un demócrata light”.
Miró expuso la realidad de los recortes, las privatizaciones y el uso opaco de fondos europeos, señalando que Bruselas ya ha puesto el foco en Madrid por su modelo especulativo.
El escándalo de Torrejón ha sido el detonante de una crisis que llevaba años gestándose.
El modelo privatizador ha convertido la sanidad madrileña en un negocio para empresas como Recoletas, que en 2024 facturó más de 450 millones de euros solo en la Comunidad, un 23% más que el año anterior, mientras los hospitales públicos como La Paz y el Gregorio Marañón acumulan listas de espera de más de 200.000 personas.
La diferencia entre la sanidad pública y la privada es cada vez más abismal: en la privada, la cirugía se puede programar para el día siguiente, pero a costa de usar material de segunda mano; en la pública, la espera puede durar meses.
La situación se agrava cuando se analiza el uso de los fondos europeos Next Generation.
Según la Comisión Europea, de los 10.000 millones asignados a Madrid para sanidad digital y vivienda asequible, apenas el 12% se ha ejecutado, mientras el resto ha sido desviado a proyectos piloto en manos de empresas privadas y a operaciones urbanísticas como Madrid Nuevo Norte, donde el suelo público se recalificó para construir viviendas de lujo y apenas un 18% de vivienda protegida.
El beneficiario principal: fondos de inversión extranjeros y constructoras vinculadas al PP. Bruselas ha congelado 300 millones de euros y ha abierto un procedimiento de infracción contra España por el uso indebido de fondos en la Comunidad de Madrid.
La filtración de un correo interno de la Consejería de Sanidad, firmado por el viceconsejero Juan José Güemes y dirigido a los gerentes de los ocho hospitales privatizados, confirma que la reutilización de material sanitario era una política de gobierno, no una decisión aislada.
El correo, fechado el 11 de septiembre de 2025, autoriza “la reutilización excepcional de material de clase IA y I siempre que se garantice la trazabilidad y se apliquen protocolos internos de reprocesamiento”.
La autenticidad del documento fue confirmada por el propio Güemes en un comunicado que olía a pánico: “El correo ha sido sacado de contexto”.
La Fiscalía Anticorrupción de Madrid ha abierto diligencias de investigación penal contra el gerente del Hospital de Torrejón y contra quienes resulten responsables por presuntos delitos de prevaricación, malversación y riesgo para la salud pública.
La decisión no es fruto de una iniciativa política, sino de la presión de 41 denuncias firmadas por médicos y enfermeros del propio hospital, que han aportado documentos, informes y actas notariales.
Una jefa de quirófano con 28 años de servicio declaró que le ordenaron reprocesar 180 catéteres cardíacos y que, al negarse, fue amenazada con traslado forzoso.
El caso ha volado directo a Plaza de Castilla, donde la justicia ordinaria no puede ser toreadas con mayorías absolutas.
La reacción política no se ha hecho esperar. Más Madrid y el PSOE han pedido comisiones de investigación y auditorías independientes, mientras Unidas Podemos exige la reversión de la privatización y la recuperación de la gestión pública directa.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el Gobierno central colaborará plenamente con la Comisión Europea para esclarecer el destino de cada euro y garantizar la transparencia.
El impacto social es demoledor. Las primeras demandas de pacientes infectados por material reutilizado ya suman 27 casos documentados, y los sindicatos advierten que el coste de las indemnizaciones puede dispararse a cientos de millones de euros.
El sobrecoste de los hospitales privatizados, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, supera los 1.800 millones de euros respecto a la gestión pública directa.
Y mientras tanto, la Comunidad de Madrid sigue firmando nuevos conciertos con empresas privadas, como el reciente acuerdo con Quirón para externalizar las resonancias magnéticas del hospital 12 de Octubre.
El escándalo de Torrejón ha puesto en evidencia el agotamiento de un modelo que prioriza el beneficio privado sobre la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes.
La crisis ha sacudido los cimientos del PP madrileño, con Aguirre en pánico, Levy refugiada en el victimismo y Ayuso resistiendo con un discurso cada vez más alejado de la realidad.
El dardo de Gonzalo Miró, que ha viralizado el debate sobre la gestión sanitaria y el uso de fondos europeos, ha sido el catalizador de una reacción en cadena que ya ha cruzado las fronteras de España.
La Comisión Europea, por primera vez en la historia del Fondo de Recuperación, ha abierto un expediente contra una región concreta por el uso indebido de fondos.
El procedimiento INF 2025/3741 puede acabar con la devolución forzosa de 2.800 millones de euros y la suspensión de futuras transferencias.
El gobierno de Sánchez ha dejado claro que colaborará plenamente con Bruselas, dejando al PP madrileño sin margen de maniobra.
La caída de Ayuso, que parecía imposible hace apenas un año, se acelera con cada nuevo dato, cada denuncia y cada intervención mediática.
Las encuestas internas del PP muestran un bajón en Madrid, con el PSOE y Más Madrid arañando votos en los barrios obreros, donde la sanidad es un drama diario.
El pánico de Aguirre, el yloriqueo de Levi y los chanchullos que llegan hasta Bruselas convergen en una crisis que puede marcar el fin de un modelo y el inicio de una nueva etapa en la política madrileña.
El caso Torrejón no es solo un escándalo sanitario. Es el reflejo de una forma de gobernar que ha convertido la sanidad y la vivienda en negocios para unos pocos, mientras la mayoría paga el coste en recortes, listas de espera y precariedad.
La intervención judicial y europea marca un punto de inflexión. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, reclama transparencia, responsabilidad y la defensa de lo público frente a la especulación y el clientelismo.
En definitiva, el escándalo del Hospital de Torrejón es mucho más que una crisis puntual.
Es el síntoma de un modelo agotado, una advertencia para quienes creen que la impunidad puede durar eternamente y una oportunidad para repensar el futuro de la sanidad y la vivienda en Madrid.
La política española, siempre impredecible, ha entrado en una nueva fase donde el sarcasmo, la denuncia y la movilización social pueden ser el motor del cambio. Y en esta batalla, la verdad y la justicia vuelven a ser protagonistas.
